Jornada en Washington en solidaridad con los 5
Nunca Antes
Andrés Gómez, director de Areítodigital
Miami.- El pasado 23 de septiembre tuvieron lugar en la ciudad de Washington dos eventos memorables en el desarrollo de la campaña a favor de la libertad de nuestros cinco compatriotas injustamente presos en cárceles estadounidenses por luchar en contra del terrorismo: Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René.
Nunca antes el movimiento a su favor en Estados Unidos había podido reunir a tantas personas en un llamado para exigir su inmediata libertad y condenar la política de Estados Unidos que por más de cuatro décadas ha promovido el terrorismo en contra del pueblo cubano y a la vez brindado protección e impunidad a los terroristas que desde territorio norteamericano planifican y ejecutan esas malévolas acciones.
Más de 600 personas, provenientes de alrededor de 30 ciudades y estados norteamericanos y el Canadá, se dieron cita en la capital federal respondiendo a un llamado del Comité Nacional a Favor de la Libertad de los Cinco de Estados Unidos. Además de la misma ciudad de Washington los manifestantes vinieron de las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Boston, Los Ángeles, San Francisco, Providence, Albuquerque, Detroit, Chicago y Fort Lauderdale. Como también vinieron de los estados de Virginia, Maryland, Ohio, Nueva Jersey, Tenesí, Kentucky, Connecticut y Maine.
Cincuenta y uno fueron cubanos emigrados de Miami pertenecientes a las organizaciones que componen la Alianza Martiana en esa ciudad. Más otras dos cubanas emigradas de Cayo Hueso y otros dos cubanos de Tampa. Un total de 54 cubanos que viven en la Florida.
Cada una de esas personas tuvo que pagarse su propio pasaje y su estancia y otros gastos en Washington, además de perder su salario correspondiente a esos días de trabajo, lo que para muchos de ellos implicó un fuerte sacrificio. Si consideramos en $300 por persona el gasto promedio incurrido por los 51 de nosotros que fuimos de Miami, el total de nuestros gastos es un poquito más de $15 mil dólares, cantidad respetable para personas trabajadoras, estudiantes y jubilados como somos los que fuimos de Miami. Y así pueden estimarse los gastos de los demás que participaron en las actividades en Washington.
Nunca antes había marchado, a carteles y pancartas desplegadas, por tres kilómetros a través de las más céntricas calles de Washington, una ruidosa manifestación de más de 600 personas exigiendo la libertad de los Cinco. Nunca antes se habían congregado frente a las rejas de la Casa Blanca tantos centenares de personas coreando consignas exigiendo la libertad de los Cinco y condenando la política terrorista en contra del pueblo cubano.
Nunca antes se había podido reunir en un mismo panel oradores de disímiles entendimientos políticos e ideológicos unidos en su exigencia de lograr la libertad de los Cinco y condenar el terrorismo en contra de Cuba, como el que se logró para presidir el simposio que, con la asistencia de un poco más de 300 personas, tuvo lugar en la Universidad George Washington de esa capital después de terminada la marcha.
El panel de oradores se compuso de: Francisco Letelier, hijo de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno chileno presidido por Salvador Allende, y figura principal de la oposición en el momento de su muerte, asesinado por orden del dictador Augusto Pinochet, y ejecutado por terroristas de la extrema derecha cubano americana, en la misma ciudad de Washington, precisamente hizo treinta años, el 21 de septiembre de 1976; Livio di Celmo, hermano de Fabio di Celmo, joven italiano asesinado por una bomba terrorista en el hotel Copacabana en La Habana, en septiembre de 1997, por orden del terrorista Luis Posada Carriles; Akbar Mohamed, Representante Internacional de la Nación del Islam, potente institución de la comunidad afroamericana de Estados Unidos; Wayne Smith, ex Jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, quien por largos años ha abogado por un cambio en la política estadounidense con Cuba; Heidi Boghosian, presidenta del National Lawyers Guild (Gremio Nacional de Abogados); Saul Landau, politólogo, autor del libro “Asesinato en Embassy Row” que trata sobre el asesinato de Orlando Letelier; José Pertierra, abogado de la República Bolivariana de Venezuela en el caso de la petición de extradición a Venezuela del terrorista Luis Posada Carriles por su responsabilidad en la voladura del avión de Cubana de Aviación en el cual perecieron 73 civiles inocentes va a ser 30 años este próximo 6 de octubre; Peta Lindsay, universitaria, representante de la Coalición anti bélica A.N.S.W.E.R; Cheryl Labash, representante de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba de Estados Unidos; Gloria La Riva, coordinadora del Comité Nacional de Estados Unidos a Favor de la Libertad de los Cinco; y el que escribe, representando al sector progresista de la comunidad cubana emigrada en Estados Unidos.

Nunca antes un grupo selecto de expertos sobre estas materias, como era éste, se había pronunciado tan diáfana y elocuentemente sobre las mismas. Fue un acto que conmovió a todos los presentes.

Fue puesta en evidencia, una vez más, la inocencia de los Cinco acusados de conspirar para cometer espionaje en contra de Estados Unidos, así como el crimen que contra ellos el gobierno de Estados Unidos comete en mantenerlos por más de ocho años arbitrariamente encarcelados. Como, una vez más, fue puesta en evidencia la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en promover una política terrorista de Estado en contra del pueblo cubano, y en brindarle protección e impunidad a los terroristas de la extrema derecha cubano americana radicados en Miami, responsables de ejecutarla.

Ojalá que pronto se cumpla, para la tranquilidad y la paz del mundo, la sentencia incluida en un documento hecho público por la Casa Blanca el 5 septiembre pasado titulado Estrategia de la Seguridad Nacional de Estados Unidos: “Los Estados que amparan y dan ayuda a terroristas son tan culpables como los mismos terroristas, y tendrán que rendir cuenta por sus actos”. //

¿Un proyecto doblemente censurado?
Por Juana Carrasco Martín
Acaban de salir a la luz 25 temas de 2005 que la gran prensa de Estados Unidos no publicó o le dio un tratamiento tan ínfimo que prácticamente desaparecieron de la vista pública. Se trata del Proyecto Censurado, una investigación que desde hace 30 años realiza el profesor Carl Jensen, de la Universidad Sonoma State de California, junto a alumnos y algunos de sus colegas.
Fue a raíz del escándalo Watergate que surgió la preocupación en el académico. Los grandes medios estadounidenses dejaban de lado importantes acontecimientos que no pueden ser conocidos por televidentes y lectores de EE.UU. y «por extensión de todo el llamado mundo occidental» porque «están controlados por menos de media docena de supercorporaciones», dice el periodista chileno Ernesto Carmona, tras entrevistar al profesor de sociología Peter Phillips, quien prosigue la labor de Jensen, jubilado en 1996.
«Interesado en el incremento de los problemas sociales y la aparente apatía pública, hice un esfuerzo de investigación nacional en 1976, llamado Proyecto Censurado, para explorar si realmente existía una omisión sistemática de ciertos problemas en nuestros medios de comunicación nacionales», explicó Jensen al cumplirse 30 años de ese proyecto.
Cada año procesan un millar de historias y seleccionan los 25 temas «más censurados», los que solo se encuentran «en sitios web, revistas de circulación reducida, boletines, pequeñas estaciones de radio y TV o en las últimas páginas de periódicos regionales y locales».
Las de 2005 son encabezadas por el futuro de Internet, debate que han ignorado los grandes medios, porque compañías de cable como AT&T, Comcast y Verizon están apoderándose de la red de redes.
En la lista se encuentra más de una vez Halliburton, la empresa del vicepresidente Dick Cheney, porque vendió componentes para un reactor nuclear a una gran empresa iraní de desarrollo petrolero; porque el Departamento de Seguridad de la Patria le otorgó contrato por 385 millones de dólares para construir nuevas prisiones en Estados Unidos; o porque la inversión de Cheney en ese consorcio que dirigió hasta asumir su cargo en la Casa Blanca, creció este año más de 3 000 por ciento. ¿Cómo no va a crecer si «reconstruye» Iraq y también Nueva Orleans, y es una de las principales contratistas de la actual administración? Como resultado, el valor de las acciones de Dick Cheney creció de 241 498 dólares en 2004 a más de ocho millones en 2005, según denunció el senador demócrata por New Jersey, Frank Lautenberg.
Tampoco se habló de que «Aumentan el hambre y el desamparo en EEUU», según el reporte anual de la Conferencia de Alcaldes de EE.UU.; o que torturadores de Estados Unidos matan en Afganistán e Iraq, como documentó la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) el 25 de octubre de 2005.
Tampoco esa prensa tan libre informó que el Banco Mundial financia el muro de Israel, aunque en 2004 la Corte Internacional de Justicia ordenó echarlo abajo; ni que estudios recientes confirman la peligrosidad de los alimentos genéticamente modificados y la Organización Mundial del Comercio conoció de esos informes; o que Human Rights Watch ha denunciado que el gobierno de Bush planea reanudar la producción de minas terrestres antipersonales.
Los temas son 25 y es laudable el esfuerzo iniciado por Jensen y continuado por sus colaboradores, quienes recomiendan: «Si usted ve una historia y se sorprende de que no haya sido cubierta por los grandes medios de comunicación, lo animamos a que nos la envíe al Proyecto Censurado», porque se eligen noticias que contengan información que el grueso del público de EE.UU. tiene derecho a conocer y necesita saber, pero sin acceso limitado.
¿Será entonces responsabilidad nuestra que en ninguno de los reportes del Proyecto Censurado tampoco haya aparecido entre las principales 25 noticias ocultadas y omitidas en Estados Unidos, el caso de los cinco cubanos que fueron detenidos en septiembre de 1998, condenados en un proceso totalmente ilegal, sometidos a un trato inhumano, violados sus derechos elementales y los de sus familias?
Quizá la omisión ocurra porque se trata de una información de «acceso limitado» o ¿acaso el Proyecto Censurado también tiene su propia censura?

Pena de muerte contra inocentes en EE.UU.
Un collar de fallas judiciales
Por ALBERTO CREMONESI
Cuando se habla de pena de muerte, no hay lugar para errores, dudas u omisiones. No existen mecanismos para revisar el fallo de culpabilidad de alguien cuando ya ha sido ejecutado.
Sin embargo, en los últimos años, los análisis de ADN han permitido descubrir en Estados Unidos muchos de estos errores que acabaron con personas inocentes en el patíbulo o, en el mejor de los casos, condenadas de por vida.
Jeffrey Mark Deskovic, de 33 años, pasó casi la mitad de su vida en una prisión de Nueva York, condenado por una violación y un asesinato que no cometió. Un estudio de ADN (ácido desoxirribonucleico) demostró que Deskovic no era culpable, y quedó libre.
Afortunadamente, su castigo no fue la pena capital. Tenía 17 años cuando fue condenado a cadena perpetua.
"Se suponía que iba a terminar mis estudios, comenzar una carrera, casarme, formar una familia, pasar tiempo con ella, compartir los últimos años de vida de mi abuela ", dijo Deskovic a los periodistas cuando abandonaba el tribunal.
En 2004, Ryan Matthew, convicto por el asesinato de un comerciante del meridional estado de Louisiana, escapó de la pena de muerte cuando los fiscales retiraron todos los cargos en base a resultados de exámenes de ADN.
Hay otras historias de ejecuciones y juicios realizados demasiado rápido, y de errores cometidos demasiado fácil. Y, aún así, las matanzas aprobadas por el Estado continúan.
Ahora, las pruebas genéticas ayudan a demostrar que personas inocentes siguen siendo asesinadas o llevadas al pabellón de la muerte. Y también dejan expuestas las fallas del sistema judicial de Estados Unidos por las cuales se envía a inocentes a la cárcel e incluso se les somete a la pena de muerte.
El Centro sobre Condenas Equivocadas, de la Escuela de Leyes de la Universidad Noroccidental, documentó por lo menos 38 ejecuciones contra las cuales había contundente evidencia de inocencia o serias dudas sobre la culpabilidad desde que la pena capital fue reinstaurada, a mediados de los años setenta.
Según este estudio, aunque la inocencia no fue demostrada en ningún caso específico, no hubo duda razonable de que algunos de los ejecutados eran inocentes.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) documentó los casos de 123 prisioneros que esperaban la muerte y que, desde 1973, fueron absueltos y liberados antes de concretarse sus ejecuciones.
Oficialmente, los tribunales no consideran alegatos de inocencia después que una persona fue ejecutada. En el pasado, quienes intentaban demostrar su inocencia tenían que hacerlo reexaminando la evidencia ya presentada y volviendo a entrevistar a testigos e investigadores, pero sin certeza de llegar a un resultado concluyente.
En los últimos 20 años, sin embargo, obtuvieron una nueva herramienta: los análisis de ADN.
Mientras en los años ochenta los exámenes genéticos todavía eran vistos con recelo por los fiscales, hoy en día su aplicación y acceso demuestran que son esenciales en muchos juicios, volviéndose cada vez más aceptados.
"El ADN introdujo cambios drásticos en todo el sistema de justicia penal. Ahora, las ejecuciones son vistas con más escepticismo gracias a estas pruebas", dijo a IPS Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Salvo en el caso de gemelos idénticos, la estructura del ADN de una persona es única. Alrededor del 10% del ADN contiene cromosomas. El resto es ADN "sin código", parcialmente constituido de secuencias idénticas. Los expertos analizan las "unidades repetidas" para compilar el perfil genético de una persona, que adopta la forma de una serie de números y se vuelve esencial para las investigaciones.
"En los últimos tiempos, debido a las absoluciones de condenados a muerte logradas gracias al ADN, muchos que en principio pueden apoyar el castigo máximo han cuestionado su legitimidad, dado el riesgo de ejecutar a una persona inocente", dijo a IPS Sarah Tofte, investigadora del programa para Estados Unidos de la no gubernamental Human Rights Watch.
Esto llevó a que algunos fiscales, funcionarios dedicados a aplicar la ley, políticos conservadores y otros, apoyen moratorias de la pena de muerte, cuando no su abolición directa. El personal del Centro sobre Condenas Equivocadas fue pionero en la investigación y litigio de condenas erróneas, basándose, en buena medida, en análisis de ADN.
Su trabajo, que demostró la inocencia de 11 hombres que aguardaban ser ejecutados en Illinois, fue clave en la decisión del ex gobernador George H. Ryan de suspender las ejecuciones en ese central estado estadounidense en enero del 2001.
El Proyecto Inocencia, que trabajó para liberar a Deskovic, solamente maneja casos donde exámenes genéticos posteriores a las condenas pueden dar como resultado pruebas de inocencia concluyentes. Hasta la fecha, ayudó a sobreseer a 184 personas, dejando al descubierto que las sentencias equivocadas no son raras.
Los análisis de ADN señalan una necesidad mayor: reformar el sistema penal, incluyendo un freno al uso de la pena de muerte, manifestaron expertos en derechos humanos.
"Los sobreseimientos de prisioneros —condenados a muerte o no— representan apenas la punta del iceberg de las fallas de nuestro sistema de justicia penal. Hay un riesgo intolerablemente alto de que muchas personas actualmente encarceladas sean inocentes, incluyendo las que esperan ser ejecutadas", declaró a IPS John Holdridge, director del Proyecto de Pena Capital de la ACLU.
Hasta finales de los años noventa, los análisis de ADN eran raramente usados por su elevado costo, de miles de dólares. Pero con la mejora de las nuevas tecnologías, el precio se redujo a unos 1 000 dólares, cifra pequeña comparada con lo que cuesta en promedio un juicio.
Texas, por ejemplo, con unas 300 personas rumbo al cadalso, gasta unos 2,3 millones de dólares por caso, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
"Ahora casi todos pueden costear un análisis de ADN. Debería estar disponible de modo gratuito y automático para cada prisionero que espera ser ejecutado y para cada persona acusada de un delito. Además, debería estar disponible gratuitamente para todos los presos con un alegato de inocencia sustantivo", señaló Holdridge.
Las pruebas de ADN jugaron un rol clave a la hora de establecer la inocencia de prisioneros en por lo menos 14 casos de los 123 sobreseimientos registrados desde 1973, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
No obstante, el alcance del ADN se limita a los pocos casos en los que hay evidencia biológica disponible. Por cada absolución mediante prueba genética, hay incontables casos donde los exámenes no pueden ayudar, porque no queda material biológico en la escena del delito o la evidencia se perdió o destruyó.
"Los análisis de ADN constituyen una herramienta muy buena para demostrar la inocencia de los acusados, pero desafortunadamente no significa el fin de las ejecuciones equivocadas", opinó Holdridge.
Sin embargo, son buenos para señalar las debilidades del sistema judicial de Estados Unidos: personas inocentes todavía son condenadas a muerte por el gobierno.

MIAMI: LA CAPITAL DEL MERCENARISMO Y LOS QUINTA COLUMNA

Por Lorenzo Gonzalo
La limitación impuesta a la prensa en los EE.UU. y muchos otros países, es aquella de promover la violencia, la incitación a la guerra y temas por el estilo. En los EE.UU. existe también una Ley llamada Anti-Propaganda, la cual no permite programaciones, pagadas por el Estado, en las cuales se hable bien de las políticas seguidas por el gobierno o favorezca ciertas políticas que dimanen del Ejecutivo en funciones. Las personas en particular y los medios, pueden hablar a favor de las cosas que un gobierno está haciendo y de los diseños políticos que el mismo pueda haber elaborado.

Cada medio diseña sus propias líneas editoriales, pero el Estado no puede utilizar sus propios medios para favorecer y divulgar las políticas del gobierno de turno. No obstante cada día es más común la mano del gobierno incidiendo en el enfoque y la prioridad de temas que deben ser informados al público. A esto último debemos añadir que todos los Estados, a través de los sectores poderosos que los estructuran deciden los lineamientos generales decisivos que deben ser llevados al público por los medios. Por esta razón es que ha ido surgiendo en los últimos años, la llamada prensa alternativa.

El gobierno de los EE.UU. ha mantenido, durante hace años, un programa radial y otro televisivo, dirigido a desestabilizar al gobierno cubano. En estos menesteres emplea la astronómica cantidad de 37 millones de dólares. Además dedica unos 50 millones de dólares más para financiar organizaciones y gestiones de cabildeo a través del mundo, con iguales fines.

Los programas transmitidos por esos medios no pueden ser dirigidos al público norteamericano porque precisamente la Ley Anti-Propaganda no lo permite. Se trata, sin lugar a dudas de una programación que aboga por el diseño de una política, que si bien ha sido secundada por ambos de los Partidos gobernantes existentes, corresponde siempre, en última instancia al gobierno de turno. Los periodistas que trabajan representando los intereses de la Administración en esos medios, no son aceptados como trabajadores de los medios más serios, por aquello de mantener una aparente o real autonomía de los asuntos oficiales.

Recientemente se descubrió que un número de periodistas de origen cubano que trabajan en distintos medios de la prensa de Miami, recibían dinero del gobierno norteamericano. En el Nuevo Herald trabajaban algunos de ellos y al ser descubiertos fueron expulsados. Otros medios les han permitido a los suyos que continúen en sus funciones. Este tipo de acción ha sido considerada como un conflicto de intereses, pero en la realidad consentirla es una manera de circunvalar la Ley Anti-Propaganda toda vez que estas personas indirectamente, utilizando medios que les pagan para seguir sus líneas editoriales, se hacen eco de una programación gubernamentada cuya transmisión está prohibida en el territorio y por cuya labor reciben un pago.

No se trata que dichos periodistas no puedan abogar por cambios que coincidan con aquellos defendidos por la Administración de turno, sino que no pueden decirlo en un medio privado, al tiempo que reciben un pago del gobierno. Este pago los convierte en asalariados del gobierno, quien les paga para que propagandicen una política oficial.

Es una manera indirecta de propagar en el territorio ideas que no le están permitidas al gobierno por la Ley.

Si alguien quisiera escribir algún día un tratado sobre el mercenarismo, los quinta colmna y la doble moral, tendría que trasladar sus oficinas al Condado Miami-Dade.