El plan mediático gringo-hispano para declarar narcoterrorista a Chávez
por José Sant Roz*
Desde hace treinta años, una de las palancas de la economía norteamericana es el narcotráfico. Compra de armas, medios de comunicación, políticos, empresarios… es la abultada caja con que se negocia gran parte de las operaciones terroristas y campañas manipuladoras para derrocar gobiernos no afectos a la política de Washington en gran parte del mundo.
No olvidemos la historia de Manuel Antonio Noriega, el agente de la CIA e hijo predilecto de George Bush padre, quien inundó Centroamérica de armas compradas con el negocio de la droga, para la Contra nicaragüense, en nombre de la libertad. El día que Noriega se negó a obedecerle en sus negocios sucios tomaron a su país como centro de entrenamiento para la guerra que después desatarían contra Irak, y arrasaron al pobre Panamá matándole a miles de civiles.
El procedimiento de Washington para eliminar a un político incómodo es siempre el mismo: primero mediante el uso de los medios desconceptuarlo moral y políticamente ante el mundo, y cuando la comunidad internacional esté suficientemente penetrado de sus “crímenes”, de sus “violaciones a los derechos humanos” y de que su permanencia en el poder es un “peligro para la democracia y la libertad”, entonces proceder a darle el tiro en la nunca.
En estos momentos el blanco de estas acciones es el Presidente venezolano Hugo Chávez, y los países que en este momento llevan la batuta para su exterminio moral y político son Estados Unidos y España. Para esta acción se están movilizando prestamente por Europa los Presidente Álvaro Uribe y Alan García, y en sus agendas por orden de Bush hijo, lo único que cuenta en esta gira es atacar a Chávez.
El rotundo éxito de la operación “Enmanuel” para rescatar a Clara Rojas y a Consuelo González causó pánico y decepción en la Casa Blanca. La prensa mundial recoge que “a regañadientes, Estados Unidos calificó, el jueves 10 de enero, de "bienvenida" la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, que permitió la liberación de dos políticas colombianas secuestradas por las FARC, pero se abstuvo de felicitar a su mayor crítico en Latinoamérica.”
Con esta fúnebre declaración se pronunciaba ante un hecho profundamente humanitario, la superpotencia del planeta que vive en campaña mortal y feroz contra el terrorismo. Qué importa: podrá caérsele una mil veces su careta de Nación demócrata, humana y pacífica, porque para eso están los poderosos medios que en pocos segundos se la podrán lavar y ponérsela tan limpia, dulce y serena como siempre la han tenido.
La SIP existe primordialmente también para la protección de todos los gordos narcolavadores de dólares en América Latina. La furia de RCN contra Chávez y la FARC evidencia el plan de ese inmenso control. De modo que definitivamente la GUERRA MUNDIAL de Bush al derribar las torres gemelas en Nueva York también se hizo para una mejor manipulación del universo que tiene que ver en parte con este negocio y el del petróleo. Bush lo dijo, “esta guerra se llamará de Justicia Infinita”. Es decir, “tendremos un poder infinito para invadir, para ir donde queramos, para encarcelar sin juicio de ningún tipo a quien nos dé la gana.” Y los primeros efectos de la “Justicia Infinita” se hicieron sentir en Afganistán e Irak, luego tocaron a Venezuela (donde también hay petróleo y gas) derrocando a Chávez. Instituye tribunales militares secretos con viajes igualmente secretos por el planeta llevando centenares de presos: toda una mezcla diabólica de discurso religioso y político. Al mismo tiempo que va reforzando sus garras sobre Colombia, incrementando su poder militar también en Ecuador.
Así como las transnacionales requieren de los medios de comunicación para imponer sus productos, también el narcotráfico los necesita para ocultar a los capos que movilizan esa droga. Existe un acuerdo tácito con la SIP de que jamás se divulgue ningún tipo de información que previamente no haya sido procesada por la DEA en relación con ningún decomiso de droga. No olvidemos que en el caso IRÁN-CONTRA, en el que Oliver North cayó por adquirir armas a cambio de droga, fue producto de ese pavoroso control que el Departamento de Estado tenía sobre los medios del mundo. No fue a través de los medios como esto se supo, sino por intermedio de una comisión independiente del Congreso estadounidense.
Así pues, que el Emperador de Norte, George W. Bush, es el máximo acaparador de casi toda la droga que circula por el mundo. Él, con su política precisamente terrorista necesita inocularle ese sucedáneo a su pueblo para seguir mandando soldados al Oriente Medio; para impulsar guerras, porque evidentemente también los medios de comunicación son la madre de todas las drogas. Van íntimamente unidas medios y drogas. Y este negocio requiere que se acaben todas soberanías de los países y que sea el Departamento de Estado a través de la DEA quien controle este negocio y los mismos gobiernos donde funciona. Con medios independientes sería muchísimo más complicado el negocio de la droga, y eso lo sabe muy bien Washington.
Por eso desde el mismo momento en que Chávez ordenó eliminar el funcionamiento de la DEA en Venezuela, el canal de televisión venezolano Globovisión y el diario “El Nacional” comenzaron a pegar el grito en el cielo. Ya hemos sido testigo de cómo el 21 de enero de 2008, Globovisión recrudeció sus ataques contra Chávez mostrándolo como consumidor de droga tergiversando unas palabras en la presentación anual de su mensaje a la Asamblea Nacional. Colocaron imágenes de Chávez con polvo de una lecha que el derramaba en un intento de identificar subliminalmente este producto con el polvo de coca.
Washington sabe que si se llegara a un acuerdo de paz con las FARC, perderían sus contactos con los narcos y perderían las bases de control del narcotráfico y del negocio inmenso que reporta esta droga. Por eso están desesperados difundiendo por el mundo que Chávez está envuelto en el asunto de la droga para entonces así matar dos pájaros de un solo tiro. Nunca como antes se ha desvelado los vínculos entre la CIA, los medios poderosos y la droga. Son la misma cosa.
Los grandes medios de comunicación españoles también han estado de luto, y reciben centenares de miles de mensajes de América Latina en los que les dicen: “Veis ahora por qué no se calla”. Han sido días aciagos y cargados de tensión para el grupo PRISA, para Pedro J. Ramírez y la Oficina de Prensa Real que han instalado toda una sala estratégica para definir con sumo cuidado cuantos titulares de prensa tengan que ver con el “macaco venezolano”.
Estos medio habían estado confeccionando matrices para colocar en todas las encuestas a su rey Juan Carlos y a Zarkozy como los hombres mejor valorados del año 2007, al tiempo que colocar a Chávez en el foso de lo más villano. Estados Unidos cantó victoria el 31 de diciembre cuando había fracasado la operación producto de los bombardeos que Uribe, por orden del Departamento de Estado, lanzó los días 29 y 30 de diciembre en la zona de San José del Guaviare. Entonces, todos los titulares de la prensa española, “El País”, “ABC” y “El Mundo” hablaban con júbilo del enorme show montado por Chávez.
Habiendo transcurrido más de una semana de la exitosa operación, corren los dólares y los premios por entre la elite de los más distinguido de la intelectualidad española y latinoamericana, para que se pronuncien contra Chávez. El Juez Baltasar Garzón consideró, en declaraciones a la Cadena Ser, que “la fanfarria o el espectáculo circense que ha dado Chávez para conseguir esta liberación (Clara y Consuelo) es no ya un exceso sino algo absolutamente reprochable”.
Garzón habló también de la petición de Chávez de que no se considere terrorista a las FARC: “Pedir que se deje de reconocer a las FARC como un grupo terrorista me parece o de un cinismo absoluto o de tener muy poca idea de qué hacen y como lo hacen las fuerzas revolucionarias colombianas desde hace más de 30 años”. Para Garzón lo importante es que se encuentre un camino para finalizar con esa situación que “rompe” Colombia. “Ahí sí que tenemos que colaborar todos, en vez de hacer tanto espectáculo“, dijo.
Baltasar Garzón es Juez de la Audiencia Nacional española y se ha destacado por sus constantes actividades judiciales contra ETA y el entorno que le ha dado soporte político.
El 31 de diciembre, el diario español “El Mundo” criticaba con dureza, la capitalización que estaba haciendo Chávez de la liberación de los rehenes. En su editorial lo título “Chávez, en la peor dirección”, y justificaba por qué este mismo periódico le había designado como el “Enemigo del año 2007.”
Quizá lo más horrible fue el editorial del diario español ABC que lo tituló: “Chávez EL MERCADER DE REHENES”. Ante este editorial, la oposición venezolana batió palmas, y lo colocó en todos sus portales por Internet; Decían con orgullo; “un soberano varapalo, en su editorial de este sábado, le dan al Presidente venezolano: “la utilización de los sentimientos humanitarios para objetivos desestabilizadores es sencillamente un acto rastrero e intolerable“. Para el diario, la “liberación de los rehenes”, no es más que “una obscena operación de propaganda”. Expresaba ABC: “NADA convenía más al caudillo venezolano Hugo Chávez que encontrar un hecho para explotar como filón propagandístico de forma que pudiera eclipsar el estruendoso fracaso de sus intentos por imponer una dictadura socialista perpetua a los venezolanos.
Después de haber perdido un referéndum plebiscitario, necesitaba distraer la atención hacia un asunto con el que poder recuperar la iniciativa, borrar la estampa de un golpista derrotado por un movimiento estudiantil y volver a ser el líder continental que quiere recuperar el apoyo de sus decepcionados seguidores. Y puesto que después de la histórica frase de Don Juan Carlos, en la Cumbre Iberoamericana de Chile los insultos atrabiliarios contra los gobiernos que no se acomodan a sus excentricidades ya no le son rentables, Chávez ha encontrado el perfecto parapeto en una operación pretendidamente humanitaria para aprovecharse de la puesta en libertad de tres rehenes que estaban en manos de la narcoguerrilla colombiana.”
Agregaba: “Pero en realidad, lo que han planeado Chávez y el jefe guerrillero «Tirofijo», según parece con la asesoría de la dictadura cubana, tiene poco de humanitario. Se trata de una obscena operación de propaganda en la que los criminales que mantienen secuestrados a ciudadanos inocentes durante largos años han pactado la escenificación de un acto que sería de clemencia si hubiera algo de justicia en su origen. Chávez ha logrado aparecer como un «facilitador» de la liberación de los rehenes, a cambio de ofrecer una justificación política internacional a sus carceleros. ...tratándose de Chávez no se puede descartar ni siquiera que pudiera intentar una operación con implicaciones militares que en sus ensueños terminaría con la victoria de la narcoguerrilla. El venezolano no ha ocultado que sus simpatías están más cerca de «Tirofijo» que del presidente Uribe y, si esta operación le sale bien, seguramente ya ha calculado que puede cambiar la correlación de fuerzas en la propia Colombia.
Miles de familiares de secuestrados (la guerrilla tiene más de tres mil cautivos en su poder) pueden alzarse pidiendo la intervención de Chávez en la liberación de los suyos y es evidente que los narcoguerrilleros apoyarán cualquier objetivo que pueda debilitar el sistema institucional de Colombia. El presidente colombiano tiene pocas opciones para oponerse a esta ofensiva. Ha detectado intentos de Chávez de infiltrar su doctrina «bolivariana» entre los generales colombianos y es el primero en darse cuenta de que si permitiese que Chávez campe a sus anchas en Colombia y mantenga una relación abierta con la guerrilla (el apoyo clandestino de Venezuela a los grupos insurgentes es algo que nadie pone en duda), se complicaría enormemente la situación en Colombia. La utilización de los sentimientos humanitarios para objetivos desestabilizadores es sencillamente un acto rastrero e intolerable.”
El 1º de enero de 2008, Diariocrítico/Agencias. Español titulaba: “Chávez fracasa en su show para rescatar a los rehenes” En Estados Unidos, el socio predilecto del rey Juan Carlos diario como el “America’s Daily”, tituló el 1º de enero de 2008: “Mientras Alvaro Uribe Vélez de Colombia afirma que las FARC son terroristas, Chávez se proclama “guerrillero. Chávez explota el dolor de familiares de rehenes”.
Simultáneamente, como se quiere involucrar a Venezuela con el negocio del narcotráfico y tratar de aplicarle a Chávez lo mismo que le hicieron a Antonio Noriega, la “Agencia federal de noticias”, titulaba por esos días: “El país venezolano sería el proveedor de drogas de España”. Las mismas fuentes aseguran que la droga procedente de Venezuela hacia Europa y México había aumentado un 500% bajo el mandato de Chávez. Según la versión del matutino español “La Razón”, que cita fuentes de Inteligencia de Colombia, en Venezuela hay ya 117 pistas clandestinas en el delta del Orinoco en las que aterrizan aviones con coca para cargarla en barcos.
Los analistas de Estados Unidos le envían a los comentaristas de Latinoamérica que insistan en la matriz de que Chávez pretende "recuperar su imagen", tanto dentro como fuera del territorio venezolano. "Él sale de esa derrota y pasa a tener status democrático". "La credencial que busca ahora es con grupos subversivos". “El Emmanuel fue un "espectáculo muy mal montado", que desnudó las verdaderas intenciones de Chávez, quien no ha sido sino todo un verdadero payaso mediático.” “Chávez y el circo de los rehenes o cuando las gracias se convierten en morisquetas”. “Sus gracias se le convierten en morisquetas. Con el circo de los rehenes estará agradando a la izquierda extrema colombiana: se está distanciando dramáticamente de sus propios seguidores venezolanos. Y a nivel internacional se profundiza la sensación de que él y las FARC constituyen una y la misma cosa: narcoterrorismo”.
Uno de los articulistas estrella de Noticias24, Pedro Lastra, proclamaba “Qué misteriosa razón ha llevado a Hugo Chávez a empeñarse tan a fondo en el tema de los rehenes? “¿Por qué no están en la parada Michelle Bachelet o Felipe Calderón, Alan García u Oscar Arias? Muy sencillo: porque son presidentes serios y no forman parte de la trouppe circense… Por qué tanto apuro en rescatar tres rehenes de las FARC mientras en la ciudad donde habita mueren asesinados entre el 24 y el 25 de diciembre 88 venezolanos, casi 300 fallecen asesinados por el hampa desbordada en las principales ciudades del país y, por si fuera poco, escapando de la isla que tanto venera naufragan y mueren 25 balseros que prefieren morir antes que calarse el infierno castrista?
Muy sencillo: porque son presidentes serios y no forman parte de la trouppe circense que corre a darle un espaldarazo al compañero en desgracia. Júrenlo: ninguno de los que vienen tiene las manos limpias. Todos, sin excepción alguna, recibieron su billetón verde para financiar sus campañas. Comenzando por Lula y el mensajero del Zar – Marco Aurelio García – hasta Cristina Fernández y el doctor de Vido. Sabiéndolo gravemente afectado por el Maletinazo y a punto de recibir fétidas noticias judiciales desde La Florida – que podrían salpicarlos a todos ellos, pues todos ellos tienen las manos sucias – hacen frente común.
En eso termina la lucha contra el imperialismo yanqui: protegiendo al teniente coronel de seguir las huellas de Manuel Antonio Noriega. De allí también el favor de Insulza, coordinador de la mafia regional. Pues en eso ha terminado la OEA: en el club de los becarios de la Fundación “Chávez te financia en tu carrera a la presidencia”.

José Sant Roz
Profesor de matemáticas en la Universidad de Los Andes (Venezuela), con un doctorado en Teoría Combinatoria. Es autor de más de veinte libros que abordan el tema de los conflictos políticos en Venezuela y Colombia desde el siglo XVIII, entre ellos: Conjura Constitucional, ediciones Ministerio de Educación, Caracas, 1986; Colombia en un Soplo, Consejo de Publicaciones de la ULA, 1987; Toque de Queja. Episodios de la vida del General Francisco de Paula Santander, (novela), Ediciones Centauro, de José Agustín Catalá, 1990; Maldito Descubrimiento, Kariña Editores, 1993; Los Verdaderos Golpistas, Kariña Editores, 1998; Obispos o Demonios, (Co-autor junto con Giandomenico Puliti), Kariña Editores, 2000; Capos de Toga y Birrete, Kariña Editores, 2001; El Jackson Granadino - Biografía del General José María Obando - el asesino de Sucre, Kariña Editores, 2001; Las Putas de los medios, Kariña Editores, 2002; Bolívar y Chávez- Dos posiciones en conflicto, Kariña Editores, 2003, Gustavo Cisneros - Un Falacia Global, Kariña Editores, 2004.

El caso de Los Cinco: De donde viene, a donde va
Lic. Roberto González Sehwerert
2008-01-30
http://www.antiterroristas.cu/lang/sp/index.php?tpl=./interface.sp/design/reading/breaking-news.tpl.html&aNews_lang=sp&aNews_obj_id=1001080

La mejor manera de entenderlo sería ordenar cronológicamente los acontecimientos más importantes del proceso de apelación desde su comienzo, con algún comentario adicional a manera de explicación.
¿Cuando comenzó el proceso de apelación?
El primer paso del proceso apelativo se produce durante el mes de Diciembre de 2001. Los cinco fueron sentenciados por la jueza federal Joan A. Lenard, quien había celebrado el juicio, en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en la ciudad de Miami.
Las Reglas de Apelación establecen que para dar inicio a un proceso apelativo contra la sentencia dictada por un juez federal de Distrito se debe presentar, ante la propia corte donde tuvo lugar el juicio, una Notificación de Apelación. El plazo para presentar esta notificación es, diez días posteriores a la fecha de dictada la sentencia y no es necesaria una argumentación de razones, es suficiente con la clara manifestación de inconformidad del sentenciado. Hace 5 años con 7 meses comenzó el proceso de apelación contra las sentencias impuestas a los cinco.
¿Que corte debe resolverlo?
Atendiendo al ordenamiento de la administración de justicia en los Estados Unidos corresponde a las cortes de circuito revisar los procesos celebrados en las cortes de distrito, de tal forma la corte de apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta, por la división geográfica del sistema judicial, es la encargada de la revisión de los asuntos tramitados en la corte federal del distrito sur de la Florida al tener bajo su jurisdicción apelativa los procesos tramitados en las cortes federales de los estados de Georgia, Alabama y Florida.
Una vez recibida la documentación en la corte de apelaciones de Atlanta fue constituido el panel de tres jueces integrado por el señor Stanley Francis Birch, Jr., designado juez federal por el presidente George Busch en el año 1990 quien se desempeña como juez del Onceno Circuito, la jueza Phyllis A. Kravitch, instituida jueza federal en 1979 por el presidente Carter y también jueza del Onceno Circuito. Completó el panel el juez James L. Oakes, invitado a este caso aunque se desempeña como juez en el Segundo Circuito de apelaciones. Es práctica frecuente la invitación a jueces experimentados de otros circuitos para integrar paneles en el onceno, este es el caso del Sr. Oakes.
Estos tres fueron los jueces federales de apelación designados para revisar las alegadas violaciones de la ley en el proceso seguido en la corte de Miami en la sala de la jueza federal del Distrito Sur de la Florida Joan A. Lenard.
Razones para apelar
Una vez constituido, el panel estableció periodos de tiempo para que la defensa presentara sus escritos de apelación y el gobierno los respondiera.
En este momento tuvo lugar una de las tantas maniobras del gobierno norteamericano para poner obstáculos a la defensa de los cinco. Sin ninguna justificación, con el pretexto de la ilegal invasión a Irak, los acusados, que se encontraban en cárceles distintas y lejanas entre si, fueron llevados a celdas de confinamiento solitario alegando una vez más la llevada y traída protección de la seguridad nacional, como si fuera posible que desde las prisiones y luego de cinco años de arresto los acusados pudieran cooperar con las fuerzas de la resistencia iraquí. Bajo una disposición especial relacionada con la defensa fueron llevados a celdas de castigo en confinamiento solitario cada uno en su prisión anunciándoles que esta medida se establecía por el periodo de un año prorrogable en años sucesivos indefinidamente. Se les prohibía la comunicación con sus abogados, con sus familiares y con los funcionarios consulares de Cuba en los Estados Unidos. La medida fue tomada en el preciso momento en que los abogados estaban perfilando sus escritos e intercambiando criterios con sus representados. La inmediata reacción de la solidaridad dentro y fuera de los Estados Unidos logró que esta situación se extendiera solamente por el periodo de un mes.
El panel tuvo entonces conocimiento de los motivos legales de la apelación, basados en las violaciones de la ley cometidas por el gobierno y la corte durante la celebración del juicio en Miami. Cada uno de los argumentos merecería un extenso análisis, pero en aras del espacio se resumen de la siguiente forma.
1) Error de la jueza al celebrar el juicio con un jurado seleccionado en la comunidad de Miami en violación de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda establece que todo acusado tiene el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial. La imparcialidad se define como la ausencia de prejuicios de los posibles miembros del jurado hacia el acusado con el elemento adicional de que no exista sobre el jurado ninguna influencia externa. Desde el inicio del proceso los abogados solicitaron cambiar la sede del juicio y seleccionar un jurado en una ciudad cercana pero distinta a Miami en cuanto a fuertes opiniones adversas en temas relacionados con Cuba agregándose una prensa extremadamente inflamatoria contra los cinco que podían afectar la imparcialidad por su influencia sobre los miembros del jurado. A pesar de la evidencia presentaba en apoyo a esta solicitud la jueza rechazó la petición de los abogados de la defensa.
2) Mala conducta de los representantes del gobierno – entiéndase fiscales- durante la presentación de su caso ante el jurado ya que dirigieron su actuación fundamentalmente a inflamar los sentimientos políticos del jurado y avivar los prejuicios de la comunidad contra los acusados, haciendo comentarios indebidos y representando incorrectamente y de manera intencional los hechos y las evidencias presentadas en el proceso, indicándole a los miembros del jurado que era su deber patriótico condenar a los acusados independientemente de lo que mostrara la evidencia y de las condenas que se impusieran.
3) Insuficiencia de evidencias para declarar culpable del delito de conspiración para cometer asesinato en primer grado al acusado Gerardo Hernández Nordelo. Este cargo se relaciona con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate después de repetidas violaciones del espacio aéreo de Cuba desde 1994 hasta Febrero de 1996 interfiriendo las comunicaciones de las torres de tráfico aéreo con la aviación comercial que entraba y salía de Cuba en los momentos de aterrizaje y despegue de las aeronaves. Además, durante sus vuelos a muy baja altura sobre lugares céntricos de la capital cubana lanzaban objetos desde el aire en violación de las normas de aviación. Después de anunciar el jefe de la organización que repetiría su acción ilegal el día 24 de febrero de 1996, el gobierno cubano advirtió públicamente su decisión de poner fin a estos actos violatorios de su espacio aéreo. El gobierno de los Estados Unidos recibió mediante nota diplomática la notificación de la decisión del gobierno de Cuba y no impidió, como era su deber, que desde territorio de ese país despegaran tres aviones con propósitos ilegales conocidos. El gobierno de Cuba en ejerció de la soberanía sobre su territorio derribo a los dos aviones que penetraron a su territorio. El pilotado por el sr. José Basulto no fue derribado pues se mantuvo en el límite de las aguas internacionales y cubanas tomando rumbo norte inmediatamente después que fueron derribados los otros dos aviones. Si bien es cierto que dentro de las tareas de Gerardo Hernández estaba la de vigilar las acciones de este grupo terrorista, la evidencia demostró claramente que no tiene ninguna relación con la decisión del gobierno de Cuba y mucho menos conspiro con este para dar muerte a persona alguna en aguas internacionales, como requiere el delito. Los propios representantes del gobierno reconocieron, en una moción de emergencia dirigida a la corte de Atlanta con el propósito de modificar las instrucciones de la jueza al jurado sobre los elementos del delito, de acuerdo a la ley y los precedentes judiciales, al expresar en su escrito.." Que a la luz de la evidencia presentada se nos impone un obstáculo insuperable que puede derivar en la absolución del acusado".
Relacionado con este cargo, también se está apelando la falta de jurisdicción de la corte para juzgar este hecho a la luz de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, que no permite juzgar en ese país la acción del gobierno de un estado soberano, como es el caso del derribo de las avionetas por parte de la fuerza aérea cubana en ejercicio de un acto de soberanía en defensa de su espacio aéreo, como demuestra la evidencia.
4) Insuficiencia de evidencia para sancionar a los acusados Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero como autores del delito de conspirar para transmitir a Cuba información relacionada con la defensa nacional de los Estados Unidos. Las declaraciones de los testigos presentados en el juicio por la fiscalía y por la defensa, coinciden en que no hay por parte de Cuba solicitud alguna de búsqueda de información de defensa nacional, no hay ninguna acción de alguno de los acusados que los lleve a una posición donde puedan obtenerla y no se les ocupó ninguna información de esa clasificación. Según los testimonios de especialistas en inteligencia toda la información obtenida y solicitada es de carácter público por lo que no tipifica el delito de conspiración para cometer espionaje.
Las instrucciones impartidas por la jueza Lenard al jurado plantean que para que se cometa este delito deben darse los siguientes elementos:
a. La información involucrada debe estar relacionada con la defensa nacional.
b. Información de defensa nacional es aquella sobre la que el gobierno hace especiales esfuerzos para proteger del descubrimiento público.
c. Que el acusado actuó con la intención o con razón para creer que la información podría dañar a los Estados Unidos o dar ventaja a otra nación sobre los Estados Unidos.
d. El gobierno debe probar que tenía especialmente protegida la información involucrada.
e. Si la información ha sido hecha pública y se encuentra en fuentes legalmente disponible al público en general no esta relacionada con la defensa nacional.
f. Cuando las fuentes de información son legalmente disponibles al público y los Estados Unidos no han hecho esfuerzos para proteger esa información esta no se relaciona con la defensa nacional.
No obstante el jurado los declaró culpables ignorando el peso de la evidencia y las disposiciones de la ley.
5) Aplicación ilegal al caso de una legislación especial para procesos que contengan información de seguridad nacional. A solicitud del gobierno fue aprobada por la corte desde el comienzo del proceso. Se refiere a la Ley de Procedimiento de Información Clasificada conocida como CIPA por sus siglas en ingles, (Classified Information Procedures Act). Puso en poder del gobierno toda la evidencia limitando el acceso de los abogados a la misma durante la fase de preparación de juicio. Prohibió a los abogados, mediante una orden protectiva de la corte, intercambiar criterios sobre la evidencia a la que cada letrado tenía acceso autorizado por el gobierno. Los abogados para participar en el juicio necesitaban el visto bueno del gobierno. Ramón Labañino permaneció sin abogado durante 8 meses; Eric Cohen, quien había sido designado por la corte desde septiembre de 1998 para su defensa, en mayo de de 1999 no había recibido autorización por el gobierno para acceder a la evidencia lo cual provocó su solicitud de renuncia al caso mediante escrito fechado el día 20 de ese propio mes. Su renuncia fue admitida por la corte y salió del caso sin ver una sola evidencia del proceso. Meses más tarde, en noviembre, el gobierno reconoció que en toda la documentación del caso no existía una sola evidencia ocupada a los acusados que estuviera relacionada la de seguridad nacional. La aplicación de este procedimiento fue una maniobra del gobierno para influir, en la corte primero y ante el jurado después, en el sentido de que se estaba tratando un caso relacionado con actividades de espionaje.
6) Indebida denegación por parte de la corte, ante la solicitud de la defensa de instruir al jurado sobre la doctrina legal de justificación y necesidad. Esto se refiere a que los abogados defensores en su momento pretendieron demostrar ante el jurado que los cinco estaban en los Estados Unidos como consecuencia de las acciones terroristas cometidas contra Cuba y las muertes, lesiones y daños materiales que estas han causado, unido a la falta de acción de las autoridades de los Estados Unidos para poner fin a estas actitudes delictivas, bajo el Acta de Neutralidad, disposición legal de ese pías que prohíbe y sanciona los que desde territorio norteamericano planifiquen organicen o ejecuten alguna acción contra otro país al cual no se le ha declarado oficialmente la guerra. Esta doctrina implica que el acusado tiene a su cargo presentar al jurado las pruebas que demuestren la alegada justificación o necesidad de su actuar. La jueza negó desde el comienzo del proceso la posibilidad a la defensa para presentar sus pruebas y al final no instruyó al jurado para que evaluara el caso a la luz de esta doctrina de derecho.
7) Error en la aplicación de las guías de sentencia. La jueza, en el momento de dictar la sentencia, ignoró las pautas federales para la imposición de sentencia imponiendo las condenas más altas sin estar legalmente autorizada para ello. Como ejemplo, en la condena para el delito de conspiración para cometer espionaje condenó a prisión perpetua, que es la pena que corresponde a quien obtiene la información relativa a la defensa nacional, la transmite al gobierno extranjero y le causa un serio daño a los Estados Unidos. Impuso estas desproporcionadas condenas a pesar de que la evidencia aceptada en corte y las declaraciones de los especialistas plantean que no hay involucrada en el caso ninguna información de defensa nacional.
8) Obtención por parte del gobierno de evidencia antes del arresto, violando las disposiciones de la ley mediante registros ilegales no autorizados en los domicilios de los acusados. La jueza denegó las mociones presentadas por la defensa para suprimir esa evidencia.
9) Durante la selección del jurado el gobierno utilizó un patrón racial para eliminara posibles miembros del mismo por la sola condición de ser negros. La jueza denegó las mociones de la defensa para impedir que el gobierno continuara esa práctica ilegal conocida como Violación Batson en referencia a un precedente judicial establecido en un proceso anterior.
Decisión del panel
Después de celebrar una vista de argumentación oral el día 10 de Marzo del año 2004, donde las partes respondieron a las preguntas de los jueces sobre los temas principales de la apelación y estos, revisar la evidencia y documentación del caso, el panel dicto sentencia, que fue publicada el día 9 de Agosto de 2005. En esta decisión solamente respondieron al primero de los elementos presentado por la defensa, el relacionado con la sede o lugar donde se celebro el proceso.
En ella expresan:
Que los fuertes prejuicios de la comunidad de Miami contra Fidel Castro, el gobierno de Cuba y sus agentes, la publicidad alrededor del juicio y otros eventos de la comunidad (el caso de Elián González) se combinaron de manera tal, que crearon una situación donde se hacia imposible a los acusados recibir un juicio justo e imparcial. Por tal motivo revocan las condenas y envían el caso para nuevo juicio.
Según la opinión de los jueces, el proceso se celebró bajo lo que ellos llamaron, una tormenta perfecta conformada por los prejuicios de la comunidad contra los acusados, la fuerte publicidad antes y durante el juicio y las manipulaciones del gobierno y alguno de sus testigos con expresiones indebidas ante el jurado con el claro objetivo de reanimar esos prejuicios. Reconocen además que los abogados presentaron suficiente evidencia en sus solicitudes para que el juicio fuera cambiado de sede por lo cual debió otorgarse por parte de la jueza su solicitud de traslado a otro lugar.
En adición alegan que tomando en consideración que revocan las condenas y disponen nuevo juicio, no resolverán las demás cuestiones planteadas en la apelación.
En resumen, de todas las cuestiones planteadas por la defensa de los cinco, el panel de tres jueces decidió solamente sobre la relacionada con la sede del juicio que era la principal solicitud al tratarse de una violación constitucional.
Una apelación excepcional
De acuerdo a las Reglas Federales del Procedimiento Criminal en los Estados Unidos, la revisión de la decisión del panel de apelaciones no es favorecida y en consecuencia esta debió ser acogida por las partes, enviando el expediente nuevamente a la corte de Miami para celebrar un nuevo juicio en una sede donde no existieran las condiciones de hostilidad contra los acusados, que concurren en esa ciudad. Debió respetarse el mandato de los jueces.
No obstante lo anterior, la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos dirigió una solicitud de reaudiencia excepcional al pleno de jueces de la corte de apelaciones de Atlanta para que fuese reanalizada la decisión del panel. El pleno lo integran un total de doce jueces.
Al cumplirse un año exacto de haberse revocado las condenas, el 9 de agosto del 2006, el pleno de jueces de la corte de apelaciones de Atlanta, por decisión mayoritaria de 10 contra 2, dejó sin efecto la disposición de los tres jueces federales designados para ventilar la apelación y dispuso que las actuaciones regresaran a estos para que decidieran sobre las cuestiones que no habían sido resueltas el 9 de agosto de 2005.
A pesar de la inconformidad de los acusados con esta decisión no es posible discutirla en estos momentos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos pues las reglas procesales establecen que mientras queden cuestiones pendientes en la corte de apelaciones de circuito no se puede llevar un asunto ante aquella.
Conclusión: Toda la documentación regresó a manos de Birch, Kravitch y Oakes para que diriman las cuestiones pendientes en la apelación, que en definitiva son, todas las planteadas en los escritos originales menos la relacionada con el cambio de sede.
Consecuencia: Nuevos escritos de la defensa y de los representantes del gobierno dirigidos al panel, defendiendo cada uno sus posiciones y el señalamiento de una nueva vista de argumentación oral para el pasado 20 de agosto de2007.
Por otra parte, el paso de tiempo determinó la jubilación del juez Oakes y en su lugar fue designado el juez William H. Prior Jr., juez activo del circuito de apelaciones de Atlanta quien completa el panel.
¿Que pasó el día 20?
Una vista de argumentación oral, es mas en beneficio de los jueces que de los contendientes en el proceso. Aunque los representantes legales de acusados y gobierno pretendieron exponer sus puntos de vista fundamentales, los jueces decidieron que aspectos de cada tema deseaban tratar con el objetivo de aclarar sus dudas y tomar posiciones como juzgadores después de haber leído y estudiado las razones expuestas por los abogados en sus respectivos escritos.
En este sentido, los jueces resolvieron que los elementos a discutir ante ellos ese día fueran, en primer lugar, el relacionado con la mala conducta del gobierno durante el juicio y posteriormente los relacionados con la falta de evidencias para las condenas en los cargos de conspiración para cometer asesinato y para cometer espionaje. Así mismo ordenaron al gobierno presentar a la corte en un plazo de 15 días los documentos sellados bajo las disposiciones de CIPA a los cuales la defensa no tuvo acceso desde el comienzo del proceso.
Cada parte contó con 30 minutos para argumentar.
Fue una tarea difícil para los expositores. Frente a ellos, un reloj indicaba el paso del implacable tiempo y fue cambiando de color. Verde al comienzo, amarillo cerca del final y rojo una vez agotado. Los jueces interrumpían a los abogados en cualquier momento haciendo cualquier pregunta sobre cualquiera de los aspectos legales de la apelación o las evidencias del caso y su interpretación. En ocasiones, preguntaron como el catedrático al alumno, por momentos usaron la ironía en algún comentario reflexivo como lanzado al aire y también, asumiendo el papel de abogados del diablo, fueron incisivos con cualquiera de las partes sin que nada de esto signifique un indicativo de la decisión que tomaran después.
Un detalle significativo e importante marcó esta vista de argumentación oral. Más de setenta observadores internacionales y de los propios Estados Unidos, convocados por la campaña de solidaridad con los cinco, asistieron a la audiencia para oír de primera mano los argumentos de ambas partes. Representantes de organizaciones internacionales de abogados, diputados latinos, expertos europeos y de otras latitudes y dirigentes de organizaciones de solidaridad con los acusados fueron testigos de la falta de respuesta de la fiscal asistente de los Estados Unidos, Sra. Caroline Heck Miller ante las preguntas de los jueces relacionadas con la falta de evidencia en los cargos principales por los que fueron sancionados los cinco. Quedó claramente evidenciado para todos que no existen evidencias que justifiquen una acusación de conspiración para asesinar y que en toda la documentación del proceso no existe apenas una acción que indique la intención de obtener una información relacionada con la defensa nacional de los Estados Unidos durante la permanencia de los acusados en ese país.
Una vez terminado el ejercicio intelectual no hubo decisiones. Es cuestión de esperar y la ley federal no establece términos para que los jueces emitan su fallo. Cualquiera tiene derecho a creer que ya son demasiado los años de degradante encierro para hacer justicia. Por otro lado, dos miembros de este panel (Birch y Kravitch) nos demostraron en su anterior sentencia que están comprometidos con el derecho cuando revocaron las condenas al percatarse de la violación constitucional cometida contra los cinco al celebrar el juicio en Miami y posteriormente se opusieron vigorosamente, aun en minoría, a la injusta decisión mayoritaria del pleno.
Nos debatimos entre dos ideas de resistencia y esperanza expresadas por dos de nuestros hermanos en sus alegatos de defensa durante las audiencias donde se les impusieron las crueles condenas que estamos apelando.
Una, de Rene, …" Y mientras estos sórdidos años se van haciendo historia y tras una montaña de argumentos, mociones y tecnicismos, se va enterrando una historia de chantajes, abusos de poder y el mas absoluto desprecio a tan ponderado sistema de justicia, para pulirla y darle un brillo que nunca tuvo, nosotros seguiremos apelando a los valores de Washington, Jefferson y Lincoln y a la vocación por la verdad del pueblo norteamericano con toda la paciencia, la fe y el coraje que nos puede infundir el crimen de ser dignos".
La otra, de Gerardo…"Confío en que si no es en este, en algún otro nivel del sistema, la razón y la justicia prevalecerán por encima de los prejuicios políticos y los deseos de venganza y se comprenderá que no hemos hecho ningún daño a este país que merezca semejante condena. Pero si así no fuera, me permitiría repetir las palabras de uno de los mas grandes patriotas de esta nación, Nathan Hale, cuando dijo: "Solo lamento no tener mas que una vida para entregar por mi patria".
El día 20 de agosto de 2007, nuevamente y por tercera vez, los contundentes argumentos de la defensa se defendieron ante los jueces de la corte de apelaciones del onceno circuito de Atlanta. Esperamos que se impongan los valores a que se refiere Rene y este panel de jueces decida, de una vez y por todas, poner fin al sacrificio de cinco hombres útiles y de sus valiosas vidas.

Causan nevadas pérdidas millonarias en China

BEIJING. — Las peores nevadas registradas en China en más de 50 años han causado pérdidas económicas por 7 500 millones de dólares, informó hoy el Gobierno al dar cuenta de al menos 60 muertos y más de millón y medio de desplazados.

Oficiales del Ministerio de Asuntos Civiles informaron que la caída de nieve en regiones del centro, este y sur del país en las últimas tres semanas, "está impactando en la economía", según despachos de la agencia Xinhua.

Un total de 19 regiones provinciales han reportado fuertes pérdidas por las nevadas, que han provocado el derrumbe de 223 000 casas y daños considerables a otras 862 000, indicó Zou Ming, funcionario del citado ministerio.

Las ciudades de Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Jiangxi y Anhui son las áreas más afectadas por la caída de nieve y el Gobierno central ha asignado 46 millones de dólares para los trabajos de alivio de desastres, agregó.

La mayoría de las regiones de China están sin electricidad debido a una fuerte escasez de carbón y sufren severas interrupciones en el transporte y el suministro de alimentos.

A principios de esta semana, el país experimentó una fuerte escasez de carbón, lo que provocó una importante reducción en la generación de electricidad en algunas plantas, según la Comisión Estatal de Regulación de Electricidad. (EFE)